Derecho de acceso a la información pública

La Constitución Española, la ley de procedimiento administrativo, y las leyes de Transparencia regulan el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública de una administración, ya sea a título individual o en nombre y onrepresentación de cualquier persona jurídica.

En general, la Administración debe resolver las solicitudes de acceso a la información en el plazo de un mes, aunque este plazo se puede suspender o ampliar en los supuestos legalmente previstos. En caso de que no se reciba una respuesta dentro de este plazo, puede entender estimada dicha solicitud, con las limitaciones previstas en el artículo 14 de la Ley mencionada.

Si la solicitud se resuelve favorablemente, de manera expresa o por silencio administrativo, el órgano competente tiene que suministrar la información a la persona interesada, preferentemente en el formato en que la haya pedido, en el plazo de treinta días. El acceso a la información pública es libre, pero la expedición de copias y la conversión a formatos diferentes del original pueden estar sujetos a una contraprestación económica, la cual no puede exceder el coste de la operación.

Antes de presentar la solicitud de acceso a la información pública:

Compruebe que la información no se haya publicado ya en la página web del Consell Insular de Formentera o en el Portal de Transparencia.

Este acceso no debe ser utilizado para: presentar documentos de otros procedimientos administrativos, solicitar certificaciones o autorizaciones, consultar o modificar expedientes,  procedimientos personales, denunciar, etc.

Para tramitar telemàticament otras solicitudes, debe acceder al procedimiento telemàtico del procedimiento correspondiente en la Sede Electrónica.

Si desea solicitar determinada informació pública (documentos o contendios) que este en poder del Consell Insular de Formentera, puede hcerlo mediante una solicitud tanto de manera telemática como presencial. Para realizar la solicitud presencial, se puede hacer en la Oficina de Atención al Ciudadano situado en la calle Ramon Llull número 6 de Sant Francisco Javier de Formentera, en horario de lunes a viernes de 09:00h a 14:00h y jueves de 16:00h a 18:00h.

 

Por otro lado, también se puede proceder a la denegación del acceso a la información pública, según el artículo 18 de la Ley 19/2013, que establece una serie de supuestos de inadmisión, cuando:

— La información se encuentra en curso de elaboración o de publicación general.

— La información tiene carácter auxiliar o de apoyo (notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas)

— Es necesaria una acción previa de reelaboración para divulgar la información solicitada.

— La solicitud se dirige a un órgano que no dispone de la información y se desconoce el órgano competente.

— La solicitud es manifiestamente repetitiva o tiene un carácter abusivo no justificado con el fin de transparencia de la ley.

En el supuesto de que se inadmita la solicitud por alguna de estas causas, recibirá una resolución en la que se le notificará la inadmisión y se motivará la causa por la que no se puede admitir el acceso a la información.

Si una persona solicitante de información pública no está de acuerdo con la resolución recaída o no ha recibido ninguna respuesta en el plazo máximo legalmente establecido, podrá interponer de forma potestativa (ya que también pueden recurrir directamente ante la Jurisdicción contencioso-administrativa) una reclamación ante la Comisión para las Reclamaciones de Acceso a la Información Pública de las Illes Balears. Se exceptúan las resoluciones dictadas por los órganos previstos en el artículo 2.1.f) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en que sólo se podrá interponer el recurso contencioso administrativo.

De acuerdo con el artículo 24.6 y la disposición adicional 4ª de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre), la resolución de la reclamación corresponde (en los supuestos de resoluciones dictadas por la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, los consejos insulares, los Ayuntamientos y las demás entidades del sector público dependientes o vinculadas a estas Administraciones de las Islas Baleares, comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, al órgano independiente que ha determinado esta Comunidad Autónoma, concretamente, a la Comisión para las Reclamaciones de Acceso a la Información Pública de las Islas Baleares.